La mayor riqueza es tener salud, todo lo demás es lujo”: Dicho popular.

¿El sistema de salud de Colombia, es realmente uno de los peores?

Antes de la famosa Ley 100 el sistema de salud en Colombia tenía grandes falencias en equidad, calidad y coberturas, era una colcha de retazos, con una clase económica alta que acudía a la medicina privada y cuyos costos que la hacían inviable para la gran mayoría, una clase media que accedía a través del Seguro Social y de entidades como Caprecom y Cajanal y el resto que representaban un 70% de la población eran atendidos en los hospitales y centros de salud, en lo que se denominaba peyorativamente como los “servicios de caridad” y donde quienes padecían de enfermedades de alto costo como cáncer, trasplantes o diálisis morían casi indefectiblemente sin recibir tratamiento; las coberturas alcanzaban solo a un 20% del total y las diferencias en la atención con respecto a la calidad y oportunidad eran abismales.

Es con ley 100 que cambia el panorama de la seguridad social en el país, se crean las entidades promotoras de salud (EPS), las administradoras de régimen subsidiado (ARS) y las Instituciones prestadoras de salud (IPS), con dos regímenes de atención: el contributivo para quienes tenían capacidad de pago o estaban afiliados laboralmente y el subsidiado para los estratos 1, 2 y 3 sin capacidad de pago (este fue el cambio más importante introducido por esta ley), que se sumaron a los regímenes de excepción (fuerzas militares, Ecopetrol y los maestros).

En estos casi 30 años el balance ha sido mucho más positivo que negativo. Las coberturas de afiliación al sistema son casi del 99% logrando la universalidad, hay garantía total de la financiación del sistema a través de los aportes de los empresarios y los trabajadores, de los impuestos generales y de las rentas de los departamentos y municipios (7,9% del PIB según la OCDE), el plan obligatorio de salud (POS) es el mismo para todos y hay atención integral de las enfermedades huérfanas y de las de alto costo, haciendo este sistema uno de los más equitativos en el mundo, con igualdad de atención sin importar la capacidad de pago.

Los hospitales públicos y privados han mejorado su infraestructura física y ha habido grandes avances en la modernización del equipamiento con tecnología de punta (4 en el top 10 de Sudamérica), el talento humano en salud es de los mejores de Latinoamérica y el gasto de bolsillo que los usuarios deben asumir para pagar por tratamientos costosos, es uno de los más bajos comparados con el resto de países (15.35%).

Las encuestas de calidad de vida del DANE muestran que el 88% de los usuarios tienen un concepto bueno o muy bueno de la atención en su EPS o IPS, los problemas más importantes están en: la oportunidad de las citas, la calidad en la atención, la alta tramitología administrativa, las distancias del hospital o IPS que los atiende y las listas de espera prolongadas para la autorización de procedimientos médicos o quirúrgicos (18.6 días para citas de especialistas), lo cual lleva a miles de pacientes a recurrir a la acción de tutela (somos uno de los pocos países que tienen este mecanismo constitucional para garantizar los derechos en salud de la población).

Sistema de Salud perfecto no existe, los hay puramente públicos como Canadá y Reino Unido (listas de espera de más de 30 días para citas especializadas), público privados como el nuestro y solo privados como en EEUU, uno de los más costosos e ineficientes del mundo.

Entidades como la OMS, la OCDE y la revista The Economist han elogiado nuestro sistema de salud como uno de los más inclusivos del mundo, con resultados por encima del promedio, con garantía de protección financiera y de prestaciones en salud, lo cual va en contravía con lo que ha afirmado el presidente Petro de tener uno de los peores sistemas del mundo.

El gran cuestionamiento al sistema se basa en el papel de intermediación financiero de las EPS y de falencias administrativas y escándalos por malos manejos en las mismas, lo que ha llevado a que dentro del actual gobierno se plantee la posibilidad de eliminarlas y reemplazarlas por un sistema parecido al del pasado, con un papel protagónico nuevamente de las secretarías de salud departamentales y municipales y planteado sobre la atención primaria en salud, por lo tanto el lanzamiento del gobierno de los equipos médicos interdisciplinarios territoriales (EMIT), es un avance importante en este sentido, sobretodo en las regiones distantes pero que con el esquema de salud actual duplica funciones que les corresponden a las EPS y se debe haber aprendido de la experiencia de Bogotá que tuvo un balance agridulce.

Donde si es obligatorio introducir modificaciones es el modelo de contratación del sector salud, pasar de los contratos sindicales o por prestación de servicios que vulneran los derechos de los trabajadores a la vinculación directa en la red hospitalaria, garantizar la disponibilidad de los determinantes en salud (agua potable, excretas, vivienda saludable, alimentación), aumentar el número actual de médicos de (2.2) y enfermeros (1.3) por cada 1.000 habitantes que está muy por debajo de los estándares internacionales, redefinir el uso de los recursos para promoción y prevención para disminuir la mortalidad materna e infantil entre otros, fortalecer el papel de la SuperSalud para que ponga en cintura a los entes que actúen irregularmente, tener un sistema de información único y confiable, generar incentivos económicos a las IPS y EPS con mejores indicadores y resultados en la atención en salud, promover una participación ciudadana activa, incentivar los programas de especialidades y subespecialidades médicas que se requieran en el país e invertir en mejoramiento de la infraestructura y servicios de salud sobre todo en las regiones más apartadas.

Sería un absoluto despropósito eliminar una experiencia de 30 años que ha mostrado ser muchísimo mejor que lo teníamos, para volver a un esquema administrativo que probó ser absolutamente ineficiente y corrupto y que no soluciona las grandes necesidades del sector salud, es necesario dejar a un lado el populismo y trabajar por unos cambios necesarios que realmente le den al sistema los instrumentos para posicionarse aún mejor en el contexto de un servicio en salud de marca mundial.

No se requiere de nuevas leyes sino de reglamentar las existentes como la 1438 de 2011 (que modificó estructuralmente la ley 100) y la 1751 de 2015 (ley estatutaria en salud) y avanzar en la implementación y mejora de lo que tenemos actualmente. El papel del congreso será determinante para no permitir que se tomen decisiones que le hagan daño al sistema, voces como la del actual presidente del senado, el médico Roy Barreras, que ha anunciado no estar de acuerdo con el desmonte del modelo de aseguramiento, permitirán dar un debate sano y responsable.