Putumayo sigue desangrándose. Seis años después de haberse firmado el Acuerdo de Paz, este departamento –codiciado por los grupos ilegales debido a su generosa oferta de importantes rutas narcos de tráfico transfronterizo– continúa bajo el yugo de las balas, la barbarie y el desplazamiento que, en su mayoría, como casi siempre, afecta a miles de familias inocentes y calla a los pocos líderes sociales que se atreven a abrir la boca sobre el horror al cual están sometidos.
La guerra no ha parado por estas tierras del sur. Y de paz total, como anuncia el gobierno del presidente Gustavo Petro, hay poco o nada. Hace menos de dos semanas, en las veredas Las Delicias y Los Pinos, del municipio de Puerto Guzmán, 18 personas murieron por la sangrienta lucha por el control territorial que llevan a cabo los Comandos de la Frontera y el Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, de las disidencias de las Farc.
Pero también en la Costa Caribe hay incertidumbre y, de hecho, el pasado jueves, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un consejo de seguridad, reportó que el homicidio en la capital bolivarense tuvo un aumento del 66 % en octubre y de 63 % en noviembre. Por ello se anunciaron refuerzos en los controles de la Policía y la DIAN en este puerto y en las vecinas Santa Marta y Barranquilla.
El interrogante que deja la situación, y que les transmitió a analistas y congresistas, es cómo va entonces la política de seguridad de Petro en lo rural y lo urbano, en el sur y en el norte del país.
Desafíos no son nuevos. Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, le dijo a este diario que los desafios de seguridad en Colombia son enormes, porque hay una “grave problemática” tanto en las ciudades como en el mundo rural: “En las ciudades algunas están tomadas por temas de mafias del narcotráfico que hacen control de todos sus expendios ilegales y hay otras ciudades puerto, donde también la situación es dramática, porque de aquí sale la droga y las dinámicas de las mafias llevan al homicidio. Esos son desafios no de ahora, sino de siempre”.
El experto agregó que en la zona rural el asunto es también delicado: “Tenemos 120 municipios donde hay control de ilegales y donde los retos son enormes. Todo eso tiene que ser asumido por el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, desde sus políticas de seguridad humana y de la paz total. Ambas políticas están articuladas, tanto la de la seguridad como la de construcción de paz, y el Gobierno es consciente de que en el trasfondo de todo esto está el problema del narcotráfico y que hasta que no salgamos de esta problemática nefasta no será posible mejorar los indicadores de seguridad y convivencia”.
Pero, afirmó, “la política de paz total ha arrancado con la negociación con el Eln y vendrán otras noticias con las estructuras disidentes de las Farc y ojalá con el Clan del Golfo”, con lo que se espera baje la violencia en los territorios.
Por su parte, el senador Miguel Uribe, del Partido Centro Democrático, aseveró que “el gobierno actual no tiene estrategia de seguridad, sino que ha utilizado una retórica de paz total. Este gobierno en 100 días se ha dedicado a dar mensajes a favor de los criminales y en contra de la fuerza pública. Literalmente desarticuló la fuerza pública retirando a más de 70 generales”.
Añadió por ello el opositor que “es evidente que mientras se criminaliza a la fuerza pública y empodera a los criminales ofreciéndoles beneficios políticos, eso se traduce en que se profundice la violencia. Creo que si el Gobierno no recompone el rumbo vamos a vivir unos meses muy difíciles en materia de violencia urbana y rural”.
El experto en seguridad, Néstor Rosanía, explicó que cuando uno habla de seguridad se identifican tres áreas principales: seguridad ciudadana, lógica del conflicto y seguridad fronteriza. “En la primera los indicadores no se han modificado mucho, pero no es muy clara una estrategia de seguridad ciudadana hasta ahora, no hay un plan para combatir el microtráfico y el crimen organizado, y es preocupante la posibilidad de la llegada del Tren de Aragua a Medellín, una ciudad con más de 330 combos. Y un avance es el plan de transformación de la Policía en Derechos Humanos”.
Agregó que en el caso del conflicto armado interno “se ha avanzado en el tema de la paz total y la negociación con el Eln, pero en estrategia no se ha visto tampoco una política de este gobierno. Si uno habla con uniformados y comunidades hay como un sinsabor, porque en términos operacionales no hay certeza sobre el futuro, porque cuando se firmó la paz con las Farc no hubo paz total, sino que hubo un espiral de violencia con disidencias y demás”.
En diálogo con la senadora María Fernanda Cabal señaló que la estrategia de seguridad del Gobierno es “dejar a los ciudadanos vulnerables frente al crimen”.
“Al replegar las fuerzas del Estado, estos grupos ilegales están disputándose territorio. Los muertos no deben alegrar a nadie”.
La senadora señaló que la política de paz total “está condenada a fracasar” y alertó que en “un año este país va estar a punto de ver desmembrados en los territorios porque atrás están los carteles mexicanos”.
En el Putumayo, según un reporte a principios de año de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga hay aproximadamente 20.000 hectáreas de cultivos de coca y se produce el 10 por ciento del total de la cocaína de Colombia. El negocio es jugoso teniendo en cuenta que hay corredores por tierra y por agua para que la coca salga del país. Por eso, a los grupos ilegales no les importa la sangre que corre, sino el billete que los puede engordar.
Cabe recordar que a principios de año, el 18 de abril, tres hermanos fueron asesinados a tiros en Puerto Leguízamo. Sin embargo, hasta ahora, el hecho más cuestionado es que el 28 de marzo miembros del Ejército mataron a nueve disidentes de las Farc en Puerto Leguízamo, una versión que rápidamente fue desmentida por la comunidad. Los que murieron, según ellos, fueron civiles que celebraban una fiesta. Por eso no se sienten seguros por ningún lado. Todos los bandos son sus enemigos.
Además, el 24 de febrero fue ultimado a tiros el firmante del Acuerdo de Paz Jorge Santofimio. El hombre era el alma de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (Comuccon), la cual le daba una oportunidad de vida a los reinsertados.
Tras el reciente asesinato de las 18 personas, cuando se dio el desplazamiento de por lo menos 32 familias en el municipio de Puerto Guzmán, Petro advirtió: “Se matan entre sí como si fueran desechables. Ya no es la lucha por el poder, es la lucha por la ruta y eso nos coloca en un escenario más bárbaro, más difícil y más complejo, que también tenemos que entrar a solucionar”.
Por su parte, Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, imploró que los grupos armados frenen su actuar ilegal: “Es el tiempo de parar esta violencia inútil que no tiene justificación. Es una guerra fratricida, paren ya, paren el tormento y escuchen la voz de la ciudadanía porque no quieren más guerra, quieren libertad y vivir tranquilos en sus territorios”.
