Desde Cartagena, la jefe del Ministerio Público esgrimió, a modo de sugerencia, 10 recomendaciones a tener en cuenta para que las conversaciones de paz que inician en Caracas, Venezuela, con el ELN y los acuerdos que de allí surjan, no enfrenten los obstáculos que ha vivido el Acuerdo de paz con las Farc.
La Procuradora aseguró que hace esas advertencias atendiendo a las caracterizaciones y diagnósticos realizados desde la Procuraduría, «no se pueden cometer los mismos errores de negociaciones anteriores, por eso, debo hacer algunas recomendaciones con base en las lecciones que hemos aprendido».
Incluir todas las estructuras que conforman el ELN para prevenir el surgimiento de disidencias y la continuación de las hostilidades, es un primer paso para garantizar la no repetición.
La reincorporación de los excombatientes a la vida civil debe ser uno de los temas centrales de la negociación desde el inicio.
Frente a las Zonas de Ubicación Temporal, se deben revisar criterios más allá de la seguridad, como la titulación de los predios para cerciorarse de que no sean baldíos arrendados por poseedores o en proceso judicial.
Verificar en esas zonas, las vías de acceso para el suministro de bienes y servicios, la logística para su puesta en funcionamiento, el acceso a servicios públicos y servicios de educación y salud.
La Rama Judicial debe ser un acompañante permanente de estos procesos de negociación y construcción de paz.
Hay que idear sistemas de control efectivos para evitar los “colados” en los listados que presenten los grupos armados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto.
Garantizar recursos para la sostenibilidad de los planes, proyectos y programas que se pacten y evitar así incumplimientos por parte del Estado.
Los ajustes normativos necesarios para la implementación de un eventual acuerdo deben avanzar de manera paralela a las conversaciones, fortaleciendo una coordinación intersectorial que permita la fácil aplicación de las medidas.
Es imperativo que los grupos armados entreguen un inventario cierto y real de los bienes.
El diálogo debe ser participativo desde el inicio e incluir a las mujeres.
La Procuradora Margarita Cabello Blanco finalizó su intervención asegurando que, «no debe ser la Corte Constitucional quien le recuerde al ejecutivo que la Procuraduría ejerce un rol fundamental en el sistema de frenos y contrapesos. En el escenario específico del sistema transicional, el ente de control constituye una garantía institucional de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición».
